Una treintena de empleados que dependen de los ayuntamientos denuncian la «absoluta discriminación» en sus retribuciones respecto a los vinculados a la Diputación.
Una treintena de empleados, entre trabajadores sociales, técnicos de animación e inclusión, psicólogos y educadoras Familiares que están vinculados laboralmente a los ayuntamientos aseguran que soportan desde el mes de junio una situación que los propios trabajadores califican «de absoluta discriminación y desigualdad» en sus retribuciones respecto a los compañeros que dependen laboralmente de la Diputación y que trabajan codo con codo en los centros de acción social (Ceas) repartidos por la provincia.
Esta situación está teniendo una notable repercusión, según aseguran, «en el estado de ánimo de los profesionales y en el clima de trabajo en los Ceas», señalan en un comunicado.
«Estamos hablando de unos profesionales a los que se les pide la misma responsabilidad y dedicación en el trabajo, dependan de una u otra administración; estamos hablando de unos profesionales con una gran preparación técnica y una larga trayectoria laboral que son tratados de una manera tan discriminatoria, injusta y desigual; estamos hablando de una Diputación que tiene encomendadas las competencias (según se recoge en los convenios que ha formalizado con los ayuntamientos) de organización, dirección, gestión y financiación de los programas, prestaciones y profesionales que los llevan a cabo», explican los trabajadores en un comunicado.
Por ello, el conjunto de los profesionales que trabajan en los Ceas, contratados por los ayuntamientos, han pedido a la Diputación que solvente este agravio comparativo entre profesionales y que se imponga el principio básico de que a igualdad de funciones se corresponda la igualdad de retribuciones.
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