Una guía para entender el acuerdo que pone fin al conflicto de la calle Jardines

José María Díaz

25 de marzo de 2022

La solución adoptada es compleja técnica y jurídicamente, incluye cambios de titularidad de terrenos, fondos de inversión urbanística y venta de solares. El fondo de inversiones que creará la Diputación se dotará con 17,4 millones, que son los que se pagan por la expropiación.

Son demasiados los flecos que cuelgan del acuerdo de la calle Jardines. Explicarlo en su totalidad es tedioso, además de complejo, puesto que las exigencias judiciales deben acomodarse a la normativa urbanística, así como a las posibilidades económicas de las instituciones afectadas, lo que no resulta siempre fácil de conjugar. Lo más sencillo es el cumplimiento directo de la sentencia, que obliga a completar los actos recogidos en el convenio que se firmó en el año 2010. El primer paso ya lo dio el Ayuntamiento en 2011 cuando ocupó los terrenos necesarios para completar la calle Jardines. Pero ya no dio más pasos y había muchos.

El convenio incluía la expropiación de los terrenos situados detrás de las pistas deportivas de San Telmo, que pasarían a ser de titularidad municipal. En ellos, debían construirse viviendas y también una calle nueva. El precio era claro, lo había fijado la Comisión Territorial de Valoración en 17,4 millones de euros, como justiprecio por la expropiación.

El Ayuntamiento solo debía pagar, algo que no hizo, puesto que la previsión inicial era hacerla con aprovechamientos urbanísticos y cambios en la calificación de terrenos, pero la normativa urbanística de Castilla y León cambió y se frustró la operación. No quedaba más remedio que pagar con dinero y el Ayuntamiento lo fue aplazando, tanto, que se han generado más de 9 millones de intereses. Y diez años después del convenio, el TSJ dictó en firme que ya era hora de cumplir el convenio y que el Ayuntamiento tenía que pagar, pero ya no eran 17,4 millones, sino 26,8.

Así que el Ayuntamiento debe ahora aprobar la solicitud de un crédito del Ministerio de Hacienda, que se concederá sin intereses, con un plazo de devolución de diez años. De esta forma, conseguirá rápidamente los 26,8 millones y podrá pagar ‘a toca teja’, como se dice popularmente, la deuda que tiene contraída con la Diputación.

Con esto finaliza la primera fase y se da cumplimiento a la sentencia. El Ayuntamiento paga y la Diputación cobra. Fin, aunque fin, solo en principio, puesto que el acuerdo se ha negociado para que no le resulte tan duro económicamente al Ayuntamiento. No hay que olvidar que 26,8 millones representan una cuarta parte del presupuesto ordinario del Consistorio, una barbaridad que desarbolaría las cuentas municipales para los próximos años, ya que limitaría su capacidad de inversión casi por completo.

Por ello, tras el pago llegará una segunda parte del acuerdo, a la que se ha comprometido la Diputación de forma voluntaria, según recalcó ayer en diferentes ocasiones su presidenta, Ángeles Armisén, quien apeló a la responsabilidad política y a la defensa de los intereses de todos los habitantes de la provincia, incluidos los de la capital. Así, la Diputación con los 17,4 millones que están afectados a la expropiación del suelo tiene previsto crear un fondo provincial de inversiones, una especie de plan para colaborar con los municipios en el desarrollo de actuaciones vinculadas al patrimonio del suelo.

Fondo sin articular

Este fondo aún no se ha articulado y no se conocen las condiciones que se aplicarán a los municipios que puedan beneficiarse –no son todos los de la provincia, sino unos setenta que tienen planes generales de urbanismo o normas subsidiarias–. Lo que sí ha comprometido la Diputación es que el Consistorio capitalino podrá optar a estas ayudas, con las que pueden financiarse operaciones de tipo urbanístico referidas al patrimonio del suelo. Se sabe que se establecerán condiciones que se abran al carácter retroactivo con el fin de que puedan financiarse operaciones ya realizadas con anterioridad, con el fin de que el Ayuntamiento de Palencia pueda beneficiarse y lograr unas ayudas que se elevarán a esos 9 millones que habrá tenido que pagar anteriormente por los intereses.

No es una devolución estrictamente, puesto que sería ilegal, sino que se crea un modelo de fondo de inversiones justificables, que los técnicos de ambas instituciones consideran que tiene encaje jurídico.

Ángeles Armisén aseveró ayer que una vez que se ponga en marcha este fondo voluntario, el Ayuntamiento solo pagará por el convenio de la calle Jardines los 17,4 millones de la expropiación y recuperará la parte de los intereses.

Y aun financiando las actuaciones justificables del Consistorio capitalino, quedarán otros seis millones de euros para financiar operaciones urbanísticas vinculadas al suelo en el resto de los municipios de la provincia que puedan beneficiarse.

Pero todavía quedan más flecos por cubrir. El fondo de inversiones se dotará con 17,4 millones, por lo que hasta los 26,8 quedan otros 9,4 de los que la Diputación puede disponer con total libertad para los proyectos que desee. Son los correspondientes a intereses y no están afectados por las leyes del suelo.

Y es en esa partida en la que se sitúa el proyecto de construcción del complejo universitario para la Escuela de Enfermería y la UNED, valorado en casi 4,3 millones.

Otro paso posterior del Ayuntamiento será la venta de los solares de San Telmo, que deben destinarse a viviendas de protección oficial. Se prevé obtener por ellos unos 8 millones de euros. Con lo que se recupere de lo intereses y con esta venta, se amortizará una parte muy importante del crédito que conocerá el Estado. El resto se intentará devolver con nuevas ventas de suelo y con un plan de amortizaciones a diez años.

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