Traslada al subdelegado del Gobierno la creación de una Zona Especial de Salud en Barruelo y Brañosera desligada de la de Aguilar de Campoo.
La limitación del uso del suelo para tareas agrícolas o ganaderas y la persecución y castigo ejemplares para los pirómanos ha de ser, según defiende el colectivo ecologista La Braña, los ejes para evitar que parajes protegidos por su «inigualable riqueza biológica» como es el Parque Natural Montaña Palentina, se vean afectados. Este fue uno de los asuntos que el colectivo planteó al subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, en una reciente reunión en la capital, la primera desde el incendio que calcinó cuatro hectáreas de terreno hace justo un mes en el término municipal de Brañosera.
La prohibición de usos ganaderos en las zonas quemadas por un mínimo de 10 años, la modificación del Código Penal para que los delitos de cárcel sean de 10 a 20 años o la vuelta a la Ley de Montes que se cambió en 2015 y regresar al texto original de 2006 para que los terrenos afectados por incendios no se puedan recalificar en un mínimo de 30 años, fueron algunas de las ideas que los conservacionistas trasladaron al subdelegado. Y es que, según sostiene La Braña, el 98 por ciento de los incendios «son provocados» y de estos, el 85 por ciento son originados «por intereses ganaderos con el fin de aumentar los pastos».
SANIDAD RURAL
Aprovechando esta reunión, los ecologistas también trasladaron otras propuestas como la petición para que los municipios de Barruelo y Brañosera sean declarados Zona Especial de Salud y se desliguen definitivamente de la ZBS de Aguilar de Campoo, la prohibición de centrales eólicas o macrocentrales solares y la denegación de cualquier permiso para macrogranjas en la provincia, fueron también abordadas en la reunión de La Braña con Miguel.
Asimismo y dada la ausencia de respuesta y falta de información que existe en el Ayuntamiento de Barruelo acerca de la situación de los terrenos afectados por la empresa Uminsa tras 17 años de inactividad o la concerniente a las «nefastas comunicaciones» que padece la comarca y el contrato o acuerdo que hace más de cuatro décadas se firmó con la empresa de Autobuses Donato, los miembros de la asociación instaron al subdelegado para que se interesara por estos problemas y trasladase a La Braña cuanta información pudiera recabar sobre estos problemas.
Por último, desde La Braña se solicitó también que se modifique la legislación actual para que cualquier tipo de furtivismo sea tratado por vía penal, tanto si se produce en espacios protegidos como si es fuera de éstos.
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