Cerradas 4 empresas ficticias por fraude a la Seguridad Social

Diario Palentino

18 de mayo de 2022

El organismo público investigó en 2021 a otras cuatro sociedades. Siete autónomos fueron dados de baja. El fraude a la Seguridad Social consiste en la defraudación de una cantidad superior a los 50.000 euros, ya sea eludiendo el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, ya sea obteniendo devoluciones o beneficiarse de deducciones de manera indebida.

La investigación a una sociedad que teóricamente funcionaba en Palencia como una autoescuela destapó un fraude a la Seguridad Social basado en la conformación de una empresa ficticia que se dedicaba a contratar artificialmente a trabajadores, en este caso 11, los cuales tenían como objetivo lograr finalmente una prestación del organismo estatal. Se trataba de una sociedad fijada en Melilla, pero que utilizó un piso de Palencia para darle un paraguas de legalidad bajo una actividad supuestamente regulada como es el de las autoescuelas, aunque en realidad nunca existió como tal. Las empresas ficticias son aquellas que no realizan ninguna actividad económica sino que solo se han creado para llevar a cabo un fraude. 

Este es un ejemplo detallado de una parte del trabajo que se lleva a cabo en la coqueta y amplia sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional del mismo nombre ubicada en el Sector 8 de la capital, junto al estadio de la Nueva Balastera. La directora provincial del citado  organismo, Lourdes Maté Barbero, reconoce a Diario Palentino que este tipo de fraude está «muy extendido» a nivel general. De hecho, solo en Palencia durante el pasado año ocho empresas fueron investigadas y la mitad de las mismas fueron dadas de baja al encontrarse más que indicios de fraude, así como a otros siete autónomos. «En colaboración con otros organismos como la Inspección de Trabajo queremos centrarnos también en el fraude que se produce con las empleadas del hogar», pormenoriza Lourdes Maté, que tras 26 años ejerciendo en Palencia ha ocupado la máxima responsabilidad en dos períodos, el primero entre 2009 y 2012 y el segundo desde febrero de 2018 hasta la actualidad. Perteneciente al cuerpo técnico de la Administración de la Seguridad Social, también ha ocupado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional la jefatura de la Unidad de Recaudación Ejecutiva en Palencia.

Pero el fraude que más se conoce es aquel que procede del impago de las cuotas por parte de las sociedad empresariales. Según los datos aportados por la Tesorería, en los últimos siete años siete procedimientos han acabado en los tribunales de Justicia en Palencia. En un caso el procesado acabó absuelto, tres fueron condenados y otros tres se encuentran en situación de investigación en la actualidad. «Tengo que resaltar que la TGSS es muy solidaria y distingue perfectamente entre el defraudador y la sociedad que, efectivamente, tiene dificultades para afrontar sus compromisos y obligaciones. En este caso, ofrecemos siempre todas las facilidades posibles para encauzar el problema. Sin embargo, hay personas que tratan de defraudar a sabiendas, en beneficio propio y en perjuicio del resto. A estos hay que decirles que están cometiendo un delito», recuerda Maté Barbero. 

El fraude a la Seguridad Social consiste en la defraudación de una cantidad superior a los 50.000 euros, ya sea eludiendo el pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, ya sea obteniendo devoluciones o beneficiarse de deducciones de manera indebida. En definitiva, es un daño patrimonial mediante engaño en la recaudación. El artículo 307 del Código Penal establece  que se castigará con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante el organismo. Para determinar la cuantía mencionada se atenderá al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

«Deber dinero no es delito, sino la intencionalidad de no pagar», recalca Lourdes Maté. La Tesorería cuenta con el apoyo del SISS a través de la unidad especial de la Policía Nacional, con sede en Madrid, encargada de investigar este tipo de delitos. El objetivo principal de la Unidad de Prevención de los Delitos Económicos es el de informar, coordinar y efectuar el seguimiento de las actuaciones de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) en relación con conductas que presuman daño o perjuicio para la Seguridad Social o de las que pudieran derivarse responsabilidades penales.

Al hilo, la máxima responsable de la TGSS y el INSS en Palencia resalta que «cuando saltan a los medios de comunicación noticias de esta índole, estas tienen un poderoso efecto llamada entre aquellos que se encuentran en situación irregular. Rápidamente, quieren ponerse al día con sus obligaciones».

En cualquier caso, en 2019 se puso en marcha el Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, cuyo objetivo es prevenir y luchar contra el fraude para recuperar los recursos que pierde el sistema de Seguridad Social por incumplimiento de las obligaciones y por conductas irregulares. Se trata de un órgano colegiado, dependiente de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que colaborarán las entidades gestoras -Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y la propia TGSS- la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el servicio jurídico de la administración de la Seguridad Social. Además de la colaboración institucional, participan también las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como UGT y CCOO.

Es un organismo que tiene su antecedente en el que se puso en marcha en 2006. «Mantenemos reuniones periódicas y se ha convertido en una herramienta eficaz porque podemos valorar en todo momento la realidad dentro de nuestras competencias», apunta Maté.  Y es que el Observatorio se concibe como un foro de encuentro entre distintos organismos, entidades y agentes sociales «que persiguen intereses comunes en la lucha contra el fraude para el estudio y formulación de propuestas de actuación en esta materia, evaluación de resultados y difusión y sensibilización social», añade.

62.662 afiliados y 42.749 pensionistas

«Somos los perfectos desconocidos para la sociedad -relata Lourdes Maté- pero lo curioso del caso es que desde que una persona nace hasta que muere de alguna forma está vinculada a lo largo de toda la vida a la Seguridad Social».  Y es que para la gente lo entienda mejor, la Tesorería General de la Seguridad Social es el organismo encargado de recaudar las cuotas de las que luego salen las prestaciones que sufraga el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de un sistema contributivo solidario.  Según los últimos datos disponibles, en Palencia hay 62.662 afiliados a la Seguridad Social y 42.749 personas cobran una prestación. Asimismo, la pensión media en la provincia está situada en los 1.108 euros, frente a los 1.081 euros de Castilla y León y los 1.086 euros de la nacional. «Se habla mucho del sistema de pensiones, que si es deficitario, que si hace falta planes de pensiones para el futuro. La realidad es que es un sistema que perdurará y este organismo está capacitado para adecuarse a cualquier reforma, pero las pensiones no se acabarán, eso seguro», apunta la máxima responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social y el INSS. 

 

Los 26 profesionales que operan en la plaza de los Dominicos serán trasladados al Sector 8

La máxima responsable de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INSS de Palencia, Lourdes Maté Barbero, confirmó a Diario Palentino que antes de que finalice el año los 26 profesionales que se encuentran en las instalaciones de este organismo situadas en la plaza de los Dominicos de la capital serán trasladados definitivamente a la sede central del Sector 8 de la ciudad.

«El gran objetivo que tenemos por delante ahora mismo es optimizar recursos y ocupar un edificio infrautilizado que tuvo un coste importante para el erario público. La Seguridad Social planea cerrar sus instalaciones de la plaza de los Dominicos y centralizar todos sus servicios presenciales en el edificio del Sector 8 que se inauguró en septiembre de 2011 tras una inversión que superó los 21 millones de euros.

No hay que olvidar que actualmente gran parte de los trámites vinculados al INSS se realizan vía online. En las instalaciones susceptibles de cerrarse se vienen prestando los servicios de información y atención al público tanto de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esos serían los servicios que pasarían al edificio de las direcciones provinciales de ambos organismos que está infrautilizado, con un nivel de ocupación bajo.

Estaríamos sin duda ante una optimización de recursos que ahorraría costes a la administración del Estado. En el Sector 8, en la esquina de la calle de Lola de la Fuente con la avenida Comunidad Europea, prestan servicio al público la Unidad Médica y la Unidad del Sistema RED, además de los registros de entrada de ambos organismos. «Aquí hay espacio más que suficiente para prestar todos los servicios del INSS y de la Tesorería General en un solo edificio», apunta Lourdes Maté. 

El edificio del Sector 8 consta de tres plantas y dos sótanos con 12.721 metros cuadrados construidos y en el mismo trabajan  110 profesionales, sin olvidar los cuatro que se encuentran repartidos entre las sedes de Aguilar y Guardo, según los datos aportados a este periódico.

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