La institución provincial ha destinado 36 millones desde 2011 para amortizar deuda, que se sitúa actualmente en los 14,2 millones de euros.
La deuda financiera de la Diputación está por primera vez por debajo del 20%, cifra que no alcanza ni a una quinta parte de lo que permite la ley, que es un endeudamiento del 110%, apuntó ayer la diputada de Hacienda, portavoz del PP y vicepresidenta de la institución, María José de la Fuente, quien recordó que en ocho años la deuda ha descendido en 12,5 millones, ya que en 2015 se situaba en 26,8.
Por otro lado, la Diputación absorberá el incremento del gasto de la factura de la energía eléctrica y gas de los edificios de la propia Diputación, que se ha duplicado, que se financiará con cargo a los remanentes, igual que las obras de la carretera PP-2122 (entre Porquera de Santullán y Salinas de Pisuerga, con un presupuesto de casi 900.000 euros), y la PP-9620 entre Villalumbroso y Abastas, por 1,27 millones.
Ayuda a Cascajares y para el traslado de los empleados a La Cistérniga
Uno de los acuerdos del pleno de la Diputación, con la abstención del Grupo Mixto, se dirigió a ayudar a la empresa Cascajares tras el incendio que asoló la fábrica de Dueñas. La Diputación aprobó una modificación de crédito extraordinaria y de inmediata aplicación con cargo a los remanentes de tesorería por 285.000 euros destinados al mantenimiento de la actividad y del empleo de la empresa Cascajares. La partida irá destinada a la empresa para que adopte las medidas necesarias que lleven al mantenimiento de la factoría con el fin de que pueda seguir trabajando provisionalmente en La Cistérniga (Valladolid) y también para que habilite ayudas al transporte de los empleados que se trasladan ahora a la provincia vecina a su puesto de trabajo.
La medida se aprobó en el Pleno de la Diputación, en el que se dio cuenta de la liquidación del Presupuesto 2022, que arroja un superávit de 6,79 millones de euros y un remanente de tesorería que roza los 31,5 millones de euros.
El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, discrepó también sobre el remanente, «porque necesitamos políticas de presente, porque a lo mejor en el futuro no hay provincia», ironizó, refiriéndose a que «no puede haber 58 millones en la caja y haya pueblos en los que hay que llevar el agua en garrafas o en cisternas», puso como ejemplo.
María José de la Fuente aclaró que más del 50%de los remanentes (16,9 millones de euros) son para iniciativas comprometidas y obras en ejecución, como aquellos cuya licitación quedó desierta el año pasado (los parques de bomberos de Aguilar y Saldaña, por 2,3 millones cada uno; el CEAS de Saldaña presupuestado en 480.000 euros o la reforma del Centro Cultural Provincial, un millón de euros), para los que ya se ha iniciado un nuevo proceso de licitación. También aparecen los importes de obras iniciadas o licitadas en 2022 que son bianuales o que están en fase de ejecución. Son las obras de las carreteras que une Tariego de Cerrato con Hontoria, por 920.000 euros;la que va de San Llorente del Páramo a Bustillo del Páramo, 1,1 millones, el refuerzo de la PP-2201 entre Grijera y Menaza, 360.000 euros, y el aparcamiento del puente de Villaescusa de las Torres por 120.000 euros.
Por su parte, la ejecución de los ingresos derivados de la expropiación de la calle Jardines, que han tenido como destino un plan extraordinario de inversiones para los ayuntamientos de la provincia y un plan extraordinario para el mantenimiento del tejido empresarial, alcanza el 82,7% (algo más de 23 millones), y el resto (3,5 millones) está en ejecución con previsión de que finalicen este año.
Estos programas extraordinarios incluían el fondo de gestión de patrimonio del suelo municipal (17,6 millones), programa de cooperación económica para dotaciones urbanísticas (1,5 millones), subvenciones para gastos por incremento del coste de la energía eléctrica (1,6 millones), subvención a edificios e instalaciones municipales (medio millón), subvención a parques infantiles (400.000 euros), ayudas a entidades locales menores (250.000 euros), subvenciones al tejido empresarial (2,2 millones), al programa A Huebra (350.000 euros), ayudas al arreglo de caminos rurales (400.000), a centros escolares (400.000), al arreglo de instalaciones deportivas (950.000 euros) y ayudas para desarrollo industrial (300.000 euros).
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, Eduardo Hermida, se desmarcó de la política de reducción del endeudamiento «porque no se están haciendo suficientes cosas, no entendemos para qué tanto dinero en el banco si no se ejecutan proyectos necesarios».
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