Apoyos a gasolineras y la revisión de contratos públicos activan el plan anticrisis

Aprobados los primeros 950.000 euros para dar liquidez a estaciones de servicio de Castilla y León y garantizar el adelanto de los 20 céntimos por litro. El 38% de las gasolineras aún no han recibido los descuentos al combustible. «Era una medida muy necesaria, los trámites son rápidos y las condiciones ventajosas», defiende Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio. La rebaja del IRPF de 35 euros por contribuyente será efectiva en 2023, con críticas por ‘excluir’ a 780.000 personas que no tributan por no llegar al mínimo de ingresos sujetos a declaración

Empresas contratistas con las administraciones autonómicas y propietarios de estaciones de servicio son los primeros beneficiados del plan anticrisis aprobado el 21 de abril por la Junta de Castilla y León. La comunidad se ha adherido a la normativa estatal que permite revisar, de forma excepcional, las tarifas de contratos públicos afectados por incrementos de costes en materiales siderúrgicos, de asfaltado o metales como el aluminio o el cobre, especialmente castigados por los picos de precios de la energía o el estrangulamiento de mercados provocado por la invasión de Ucrania. Esa medida es operativa tras su publicación, días atrás, en el Boletín Oficial de Castilla y León.

También están en marcha los créditos blandos para proporcionar liquidez a las gasolineras y garantizar que puedan adelantar los 20 céntimos por litro de combustible a los conductores, que luego les ingresa el Gobierno de la nación. Iberaval tramita ese apoyo, del que ya se han aprobado préstamos por valor de 950.000 euros. La previsión de dinero que movilizará esta línea es de 10 millones de euros. «Claro que era una medida muy necesaria. Los trámites inicialmente son rápidos y las condiciones ventajosas», defiende Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio, que señala que él ha solicitado ese crédito. También apunta a la celeridad de la tramitación y dice que si el banco no se convierte en un cuello de botella, el tiempo que discurre entre la solicitud y el ingreso del dinero no pasará de dos semanas.

«Era muy urgente dar respuesta a este sector, había gasolineras cerradas por falta de liquidez. Este sistema de financiación neutraliza el impacto de tener que adelantar ese descuento», explica Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda. El dirigente autonómico destaca el efecto que tendrá el recálculo de los precios de los contratos públicos, con una inyección económica estimada de 37 millones. Argumenta que permitirá continuar obras a empresas que veían cómo la subida de precios se comía el beneficio industrial calculado en el contrato y entraban en pérdidas y mantener así la actividad, además de evitar la demora de tiempo y la burocracia de volver a licitar el proyecto por el desistimiento de los contratos.

Carriedo es el coordinador del plan que el Gobierno de coalición de PP y Vox ha bautizado como «iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica». Sobre el papel, 75 medidas valoradas en 471 millones de euros. En la práctica hay medidas de respuesta inmediata, como las dos anteriores, a las que se acoplan otras que encajan realmente en lo que se entiende por gestión ordinaria. Entre las primeras, por ejemplo, el incremento en 4 millones de euros de la partida que ayuntamientos y diputaciones reciben de la Junta para abonar ayudas de emergencia o la mejora durante tres meses de un 15% de la Renta Garantizada de Ciudadanía para las familias sin recursos económicos. Sobre ese aumento de la cuantía de esta prestación para combatir la pobreza, desde la Consejería de Familia e Igualdad indican que se aplicará «tan pronto como sea posible», pero no concretan fecha.

También se ajustan a iniciativas de respuesta a la crisis provocada por el alza de precios de la luz, el gas y los combustibles y la elevada inflación que agudiza la invasión de Ucrania, la actualización de la ayuda por desplazamiento para recibir tratamiento sanitario y el kilometraje a los empleados de la Junta que ponen su coche para dar servicio público, caso de los maestros itinerantes. El consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, se reunió la semana pasada con los sindicatos para negociar la actualización de esa ‘dieta’ y desde Sanidad sitúan en las próximas semanas la mejora de la subvención.

Respuesta a la crisis es también la actualización en 9 millones de euros del déficit de explotación de líneas interurbanas de autobús y fuentes de la Consejería de Movilidad, que dirige María González Corral, precisan que es cuestión de días que sea efectiva la rebaja del 15% en los abonos transporte de titularidad autonómica, pendiente de ajustes en los terminales de los autocares.

El desarrollo de las demandadas ayudas directas (por valor de 10 millones) para profesionales de campo afectados por las dificultades actuales, principalmente ganaderos, está previsto en el documento del plan «para los próximos meses».

Y hasta dentro de un año no será efectiva la rebaja fiscal estrella que la Junta ha incluido en el plan, que supone un retorno de 35 euros para todos los contribuyentes que tributan por el IRPF y que ha suscitado las críticas del PSOE porque hay más de 700.000 castellanos y leoneses que no llegan al mínimo de ingresos para hacer la Declaración de la Renta.

La Junta ha iniciado el trámite de la ley que recoge esa rebaja fiscal, otras cinco bonificaciones para residentes en el medio rural por nacimiento y actividad empresarial y la rebaja del 95% de las tasas del pesca y caza, con la que el Gobierno de Fernández Mañueco está convencido de que incentivará el turismo cinegético. Hasta el 9 de mayo se pueden hacer sugerencias en Gobierno Abierto. No se votará en las Cortes hasta finales de año, por lo que su efecto está lejos de ser inmediato.

En su plan de respuesta a la crisis, el Ejecutivo autonómico incluye medidas como el bono concilia, el futuro cheque bebé o la ‘agilización’ del bono término que, o ya se aplican o son proyectos de medio plazo o de legislatura. Como también lo son las iniciativas de mejora de la eficiencia energética y simplificación administrativa o los incentivos para la contratación de jóvenes que también se han incluido en el plan.